En las últimas semanas, el Gobierno dejó trascender que trabajaba en un proyecto para restituir una Junta Nacional de Granos y establecer retenciones móviles para la exportación de granos.
Voceros oficiosos volvieron a hablar de la "super renta" de la soja y de la necesidad de que, ante la inflación alimentaria que vive el planeta, el Gobierno tome medidas para que a los argentinos no le falten alimentos a precios adecuados.
Las exportadoras de cereales comenzaron a poner las barbas en remojo porque descontaban que una mayor intervención estatal en el comercio de granos puede ser real para la próxima campaña. ¿Por qué no ahora? Empezaron a entrar los dólares de la soja y el Gobierno, que quiere juntar reservas y cobrar impuestos antes de las elecciones, habría preferido no interferir todavía en ese sector.
Pero eso no frenó lo que se presenta como otro avance del Gobierno para presionar a algunas de las principales empresas del país. El Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Cristina para eliminar el límite para la designación de directores en las compañías en las que la ANSeS tiene acciones abre un abanico de incertidumbre importante.
Y también una certeza: cualquier norma o regla es pasible de ser cambiada sin discusión alguna , y de un plumazo, aunque la necesidad y la urgencia puedan no existir.
El Gobierno ya había dado muestras de acción directa ante situaciones que pudieran no favorecerlo.
Cuando la inflación comenzó a escalar, la respuesta fue la intervención del INDEC para generar una indicador de precios a su medida.
Pero, como muchas veces sucede cuando el Estado interviene en el intento de torcer una realidad , aparecieron mediciones privadas que ganaron credibilidad a la hora de ser tomadas como parámetro para actuar en la economía real.
Las consultoras privadas generaron indicadores de precios más creíbles que los oficiales y el Gobierno no dudó: salió a ponerles multas para amedrentarlas.
Las multas tendrán su trámite legal hasta efectivizarse. Pero, mientras tanto, la realidad demuestra que las negociaciones salariales se hacen con una base de 24% y precios y contratos se mueven a un ritmo de 20% anual o más.
Las trabas a la importación son otra forma de intentar evitar los desajustes por una vía poco efectiva.
El salto de las importaciones, según el diagnóstico oficial, no tiene que deberse a que falta inversión interna y la mayor demanda de productos se cubre con compras en el exterior.
O a que el precio del dólar se fue quedando frente a la inflación y hoy los productos importados dejaron de ser tan caros como lo fueron hasta hace tres años.
Frente a esa realidad, la respuesta oficial aparece muy lejos de poder recrear la confianza para aumentar la inversión reproductiva como se necesitaría.
El Gobierno y los empresarios se desconfían y mucho.
En la Casa Rosada, consideran que los empresarios se quejan pero ganan plata.
Los empresarios, por su parte, reconocen que les fue bien pero se saben observados, presionados y pasibles de sanciones arbitrarias por parte del poder.
Por tanto, optan por el bajo perfil.
Una política que puede dar frutos en tiempo de bonanza pero riesgosa frente a situaciones de discrecionalidad .
Según el ministro de Economía, el intento de poner más directores estatales en las empresas privadas de las que el Fondo de Garantía que maneja Diego Bossio tiene acciones, es para defender los activos de los jubilados.
El Gobierno es un jugador fuerte del mercado financiero. Maneja una cartera de bonos y acciones que en noviembre valía $ 175.000 millones. Pero desde ese mes, la ANSeS no publica información sobre ese Fondo . La transparencia sobre el manejo del dinero público, y sobre todo cuando son activos de los futuros jubilados, también debería formar parte del cuidado oficial.
Mientras tanto, los economistas van afinando los pronósticos frente a los seis meses que restan hasta la elección presidencial.
Insisten que con la soja a 500 dólares y la cosecha de 50 millones de toneladas, el abastecimiento de dólares está asegurado, incluso, para financiar un proceso de cierta dolarización de los portafolios financieros antes de octubre.
Tienen la certeza de que la cotización del dólar seguirá tranquila en torno a $4,05 pero que el paralelo llegó para quedarse y $4,20 es un precio aceptado.
No dudan de que habrá una emisión importante de pesos que el Estado realizará por compra de dólares y para cubrir algún faltante del Tesoro si fuese necesario.
Y a eso le adicionan el tránsito hacia un esquema con mayores dosis de intervención estatal.
Algunas certezas preferirían no tenerlas, pero la realidad las va imponiendo.
Fuente: Daniel Fernández Canedo-IECO
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